“Si bien México actualmente mantiene una
población mayoritariamente joven, no es ajeno al proceso de envejecimiento
global y su población de adultos mayores hoy está creciendo de manera
acelerada, pero lo hará aún más rápido a partir del 2030”, expones en su
estudio El Tsunami Demográfico que se Avecina (V): el Reporte de Envejecimiento
de la Población Mundial 2017 de Naciones Unidas.
De acuerdo a la Consar, México
aún tiene una población predominantemente joven. Actualmente, cerca de 50% de
los mexicanos tiene 30 años o menos. Si bien en 1980, la proporción de personas
con 60 años o más en nuestro país era equivalente a 5.5% y para el 2017 había
alcanzado 10.1%, también habría que considerar, que según la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), para 2050 representará aproximadamente 24.6% de la
población mexicana. Es decir, la población mayor de 65 años pasará de 9.7
millones en el 2019 a 30.9 millones en el 2050.
Lo preocupante del tema es que
pasará con los jóvenes que actualmente no les alcanzará la vida para obtener
una pensión justa: tendrían que trabajar más allá de los 70 años y comenzar a
ahorrar casi desde que nacen, para obtener una fracción de lo que recibieron
los padres.
Desde mi punto de vista el
problema está en el diseño del modelo, que se basa en bajas tasas de cotización
y retorno, aunado a un interés privado y, cabe destacarlo, No Social; donde el
interés de la empresa es responder a la utilidad de los socios y no al
bienestar de los trabajadores.
Peor aún, los trabajadores no tienen opción de elegir dónde invertir sus instrumentos, son clientes cautivos de las Afores sin que la misma acción les permita interesarse e informarse del tema.
Hace 21 años, el sistema de
Afores empezó con 11 millones de cuentas y hoy son casi 60 millones, de las
cuales únicamente 30% están activas (trabajadores en activo), debido a la
intermitencia laboral y el subempleo.
Del total de la Población
Económicamente Activa (PEA), sólo 40% cotiza en la seguridad social y el resto
tendrá que conformarse con una de las pensiones universales (que actualmente
están cerca de los 600 pesos mensuales), que son parte del nuevo modelo de la
seguridad social.
Si la tendencia no tiene cambios en el futuro, los millennials terminarán pagando el mayor costo de esta transición ya que, además de recibir una pensión mucho más baja, tendrá que aportar a la de sus padres y abuelos, a través de impuestos. “Van a tener una carga fiscal importante porque los recursos públicos que hoy se están destinando a las pensiones son inexistentes.”
No olvidemos que, según la encuesta “Las y los mexicanos ante el retiro”, hecha por la Amafore en 2016, la mitad de la población nunca ha ahorrado por lo que el ahorro en el tema de pensiones no llega a ser más allá de un 2% de los fondos manejados por las sociedades de inversión de las Afores (SIEFORES).
Y no olvidemos los estímulos
fiscales como son el Art. 151 fracc. V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
(LISR) y el 185 de la misma ley, que buscan impulsar el ahorro para el retiro
al ofrecer ventajas fiscales a los usuarios. Y en este mismo punto una contradicción
al indicar a los contribuyentes que no están obligados a declarar.
Siendo México un país con una
tasa de reemplazo salarial baja y con una perspectiva bastante negativa, nadie
quiere hablar del tema, porque implica elevar las cuotas obrero-patronales y la
deuda fiscal. Pero, más temprano que tarde, el nuevo modelo de pensiones saldrá
del clóset para mostrar que es insostenible e injusto y, entonces sí, habrá no
sólo una gran discusión, sino muchas modificaciones de fondo.
